Latbus

Denunciamos venta de terrenos cocheras Latbus

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Denunciamos ante Fiscalía posibles irregularidades en la compraventa y gestión urbanística de los terrenos de las cocheras de Latbus

 

AHORA MURCIA ha presentado hoy al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia un detallado informe acerca de las actuaciones urbanísticas derivadas del Protocolo firmado en 2006 para la llegada del AVE a Murcia y acerca, también, de la compraventa de los terrenos de las cocheras de Latbus, en cuya operación Ahora Murcia observa la posible comisión de graves irregularidades.

La formación municipal señala que hay indicios de que las dos empresas implicadas en la operación de compraventa de dichos terrenos pudieron tener acceso a información privilegiada, además de otras presuntas irregularidades como el aumento sucesivo y a gran escala del índice de edificabilidad, con el consiguiente aumento exponencial de los beneficios económicos para las mercantiles implicadas.

La concejala de Ahora Murcia Angeles Micol denuncia que se trata de “una operación urbanística aparentemente plagada de irregularidades y que no obedece a las necesidades del soterramiento. Las plusvalías generadas con estas operaciones superan con mucho las necesidades de financiación del proyecto de llegada del AVE a Murcia”.

La edil explica que la compañía mercantil Líneas Regulares del Sudeste, S.L., era dueña de pleno dominio de seis fincas que sumaban 18.631,63 m² y que constituían las cocheras de Latbus. Dicha mercantil vendió estos terrenos a Inmobiliaria Urbis el 23 de junio de 2006, es decir, solo un día después de la firma del Protocolo para la llegada del AVE a Murcia, que suscribieron el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dicho Protocolo tenía como objeto la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, y contemplaba “la liberación de suelo no necesario para el uso ferroviario permitirá una serie de plusvalías económicas que, adecuadamente reinvertidas, podrán destinarse a costear las actuaciones infraestructurales y urbanísticas necesarias”.

El Protocolo no sería publicado hasta un mes después de su firma, pero al parecer las mercantiles ya disponían de la información necesaria para realizar la compraventa. “La preparación de dicha escritura es un proceso largo que requiere unos acuerdos y conversaciones previas,” señala Micol, “por lo que parece que las mercantiles tenían un detallado conocimiento de cuáles iban a ser los acuerdos del Protocolo”.

La edil apunta que la inclusión de los terrenos de las cocheras de Latbus en el ámbito de actuación del PERI “era injustificada, pues ni por proximidad al evento que da motivo al mismo, ni económicamente, ni por necesidad para la prosecución del fin del mismo quedaba justificada dicha inclusión”.

Por otra parte, para fijar el precio de los terrenos se tuvo en cuenta la edificabilidad futura prevista (0,9m2/m2), cuando en el momento de la firma de esta escritura no se había publicado el Protocolo y el único dato público conocido sobre la edificabilidad de los terrenos era el establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (0,6 m2/m2). Además, se contemplaba la posibilidad de incrementos posteriores, “los cuales también se produjeron, concretamente de un 0,1m2/m² adicional”.

La escritura de compraventa recogía también que la parte vendedora debía inscribir en el Registro de la Propiedad la escritura otorgada el 31 de mayo de 2006, es decir casi un mes antes, por la que se cancelaba la condición resolutoria que pesaba sobre una de las seis fincas vendidas a Urbis. “Lo anterior significa”, explica Micol, “que, como ya se ha dicho, para la firma de esta escritura de compraventa se iniciaron las acciones mucho antes, ya que el 31 de mayo se estaba dejando libre de cargas una de las fincas porque ya se había acordado su venta”.

La concejala de Ahora Murcia destaca, asimismo, que la Memoria del Plan Especial establecía que el sistema de gestión urbanística sería el de cooperación, donde el urbanizador sería el Ayuntamiento de Murcia, y a esto se añadía una serie de obligaciones para el Ayuntamiento, entre las que se encuentraban costear todos los gastos de urbanización del sector a cargo del presupuesto municipal. “Es decir”, señala Micol, “pagamos todos los murcianos, independientemente de que después el Ayuntamiento inicie las acciones necesarias para el cobro de esos gastos a los propietarios del suelo, tarea que puede finalizar o no en la recuperación del dinero gastado. En todo caso, al ser a costa del presupuesto municipal, se garantiza la ejecución de todo el proceso de urbanización, y los posibles impagos no repercuten sobre el resto de propietarios del suelo sino sobre las arcas municipales. Este sistema de gestión garantiza la máxima celeridad y eficacia en la actuación y también el riesgo nulo para los grandes propietarios, a los que el Ayuntamiento se lo da todo hecho. Algo que no es una cuestión baladí cuando se trata de un coste de urbanización de más de de 20 millones de euros”.

Respecto al índice de edificabilidad, el índice medio establecido para llevar a cabo las actuaciones urbanísticas y ferroviarias para la llegada del AVE en las ocho ciudades que nos precedieron es de 0,58 m2/m2, lejísimos de nuestro 1m2/m² e incluso inferior al 0´6 m2/m2 que tenía establecido el PGMO inicialmente.

Como indica Micol, “resulta que en la actuación urbanística de la ciudad de Murcia se establece el mayor índice de edificabilidad, cuando no era necesario alcanzar el 1 m2/m2 para hacer viables las obras a ejecutar, máxime si actuaciones similares ya se habían efectuado antes en otras ciudades sin necesidad de alcanzar tal aprovechamiento urbanístico”.

La concejala concluye que “el índice de edificabilidad alcanzado en Murcia resulta desorbitado y fuera de toda justificación, siendo los grandes beneficiados los propietario particulares, que no aportan nada a la actuación, pues todo el beneficio obtenido con el aprovechamiento urbanístico lo patrimonializan ellos sin contribuir en nada al proyecto ferroviario. De esta forma no resulta de recibo que en la actuación de la ciudad de Murcia se incluyan suelos privados que no aportan fondos a dicha actuación pero que se benefician de todas las ventajosas condiciones que se determinan para este sector”.

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