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Exigimos moratoria en urbanismo municipal hasta que se cumpla legislación ambiental

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Demandamos una moratoria urbanística en el municipio tras el reconocimiento del concejal Navarro Corchón de graves incumplimientos legales en la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

 

AHORA MURCIA exige una moratoria urbanística en el municipio tras el reconocimiento del concejal Navarro Corchón de graves incumplimientos legales en la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Angeles Micol afirma que “el agotamiento de la capacidad residencial del PGOU del municipio de Murcia, más el reconocimiento por parte de Navarro Corchón de que no existe el Programa de Vigilancia Ambiental que debió ponerse en marcha hace 17 años, a lo que se suma la utilización del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento para suplantar al órgano medioambiental competente (que es la Comunidad Autónoma) y la sistemática omisión de la obligación de garantizar los recursos hídricos a los nuevos desarrollos urbanísticos”, lleva a Ahora Murcia a demandar una  moratoria urbanística hasta que se cumpla debidamente la legislación urbanística y ambiental y con la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU del municipio de Murcia, así como el inicio de un verdadero proceso de revisión del PGOU. La formación municipal ha registrado una moción, que defenderá en el próximo Pleno, planteando esta moratoria.

El trabajo elaborado por la concejala de Ahora Murcia Ángeles Micol pone sobre la mesa la falta del cumplimiento de la obligación de aprobar un Programa de Vigilancia Ambiental previo al desarrollo del PGOU del municipio, lo que ha supuesto la autorización para la construcción de más de 240.000 viviendas sin evaluar su impacto global en el municipio de Murcia ni conocer los efectos demográficos, sociológicos y económicos que todo ello supondrá para este territorio.

Antes de haber llevado al Pleno del Ayuntamiento todos los planes parciales y especiales y haberlos aprobado en el Consistorio durante estos 17 años de vida del PGOU de Murcia, debió haberse cumplido obligatoriamente lo que establecía la Declaración de Impacto Ambiental de citado PGOU, que no era otra cosa que la previa aprobación de un Programa de Vigilancia Ambiental cuyo objeto es  “garantizar el estricto cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU, así como impulsar la adopción de un conjunto de actuaciones beneficiosas para el medio ambiente y para los vecinos del municipio”. Algo que no le ha importado nada a los responsables municipales y de la Comunidad Autónoma en estos últimos 17 años.

En el trabajo efectuado por la concejala Micol se pone de manifiesto, tras el estudio de los 126 Planes Especiales, los 53 Estudios de Detalle definidos en el PGOU en suelo urbano, los 147 sectores que se determinaron en el PGOU para ser desarrollados mediante Plan Parcial, así como las actuaciones derivadas de Modificaciones puntuales y convenios urbanísticos, que se ha aprobado por los responsables municipales la construcción de 240.150 viviendas en estos últimos 17 años, la mayoría de ellas ya edificadas, y que implican la transformación urbanística de millones de metros cuadrados de terreno.

Esta brutal cantidad de viviendas autorizadas por el Consistorio supone que ya se ha colmatado la capacidad residencial prevista en el PGOU del municipio de Murcia, y que no se puede seguir aprobando más edificación, estando agotado ya un PGOU que debió tener vigencia hasta el año 2025.

Tras conocerse la publicación de este trabajo, desde ahora Murcia se señala el asombro ante las declaraciones del concejal de Urbanismo reconociendo que sabe que el PGOU del municipio carece de un Programa de Vigilancia Ambiental, que cuando llegaron él y el alcalde Ballesta al Ayuntamiento encargaron la redacción de dicho Programa a la UPCT y que estará terminado en marzo o abril. Asimismo ha manifestado que “pese a no existir el Programa de Vigilancia Ambiental se ha cumplido la normativa  ambiental porque todos los expedientes contenían los informes del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento”.

 

Ante estas afirmaciones del concejal de Urbanismo solo caben las siguientes reflexiones:

1.- Reconoce que conocía la falta del Programa de Vigilancia Ambiental del PGOU de Murcia y por eso ha encargado a la UPCT que lo redacten, lo cual significa que ha estado mintiendo a los grupos de la oposición y a diversas asociaciones, porque lo que siempre ha dicho es que se había iniciado el diagnóstico para la revisión del PGOU en cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno en Enero de 2016. No ha encargado ningún trabajo para la revisión del PGOU, lo que ha encargado es el Programa de Vigilancia Ambiental que debía estar aprobado desde 2002, en el intento de subsanar el grave incumplimiento de la Ley que llevan efectuando desde hace 17 años cada vez que han aprobado en el pleno una actuación urbanística.

Haber encargado ahora la elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental evidencia el conocimiento por parte del concejal de Urbanismo y del alcalde de Murcia de su necesidad para que el PGOU cumpliese con la ley. Lo que Navarro Corchón y Ballesta están intentando es dar apariencia de legalidad cuando el mismo concejal reconoce en sus declaraciones que no ha cumplido la Ley.

2.- Al reconocer que sabía que no existía el Programa de Vigilancia Ambiental del PGOU, cabe preguntarse cómo es posible que desde que entró en el Ayuntamiento haya estado aprobando nuevos planes urbanísticos, en algunos casos convenciendo a algunos partidos de la oposición para que lo apoyasen, sabiendo que no se cumplía con la DIA del PGOU. ¿Si sabía que incumplía la DIA por qué ha continuado aprobando planeamiento urbanístico?

3.- No puede alegar que desconocía esta situación de irregularidades urbanísticas y ambientales cuando él y Ballesta llegaron al Ayuntamiento, y ello porque no puede ignorarse que Navarro Corchón era director general de Territorio y Vivienda en la CARM, y por su Dirección General pasaron obligatoriamente todos los planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento de Murcia. A lo anterior se añade que desde julio de 2007 hasta 2011 el alcalde Ballesta fue consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la CARM. Por lo tanto, puede decirse que debían conocer la situación urbanística del municipio de Murcia y los incumplimientos del PGOU. Son numerosos los informes finales sobre planes urbanísticos donde aparece la firma del entonces Director General Navarro Corchón ahora concejal de Urbanismo.

4.- Cuando Navarro Corchón afirma que “las exigencias ambientales se cumplían, porque todos los expedientes llevan sus correspondientes informes del servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento” está faltando a la verdad, porque al no existir un Programa de Vigilancia Ambiental aprobado no se cumple la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU, pero además está reconociendo un hecho muy grave, y es que el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha estado suplantando al órgano competente en la materia, que es la Dirección General de Medio Ambiente de la CARM, incumpliendo la Ley ambiental que establece que la decisión de someter o no un proyecto de urbanización a Evaluación de Impacto Ambiental es del órgano competente de la CARM y no de un servicio municipal, y además esa decisión debe publicarse en el BORM.

5.- El Programa de Vigilancia Ambiental debía hacerse en el primer año de vida del PGOU del municipio precisamente para tener una visión global de la situación, e ir tomando las decisiones adecuadas antes de autorizar desarrollos urbanísticos. Ahora, 17 años después, colmatada la capacidad residencial del PGOU al haber aprobado planeamiento urbanístico de desarrollo para más del doble de la actual población del municipio (para casi 1´2 millones de habitantes), de nada sirve hacer el Programa de Vigilancia Ambiental, que consta de cuatro Planes imposibles de ejecutar al estar ya casi todo el suelo construido o comprometida su construcción. Hablamos de la política de los hechos consumados, autorizando primero construcciones y urbanizaciones, y después viendo si son compatibles con el entorno y con las condiciones de vida de los ciudadanos y los efectos que van a producir sobre ellos.

6.- Salvo alguna contada excepción, no se encuentra informe de Confederación Hidrográfica del Segura que garantice la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para el desarrollo del planeamiento que se ha ido aprobando en los casi 17 años de vida que tiene el PGOU del municipio de Murcia. Casi ningún Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle o Modificación Puntual del PGOU han dispuesto, antes de su aprobación, del preceptivo y vinculante informe favorable de CHS referente al cumplimiento del artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Aprobar actuaciones urbanísticas sin contar con el preceptivo y vinculante informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (no siendo válido el de cualquier otra entidad) que garantice la existencia de agua para esas nuevas viviendas, supone, entre otras cosas, que se está esquilmando el agua para otros usos como la agricultura, la industria o servicios fundamentales para el desarrollo económico de esta Región. Además de ello, se está afectando al resto de habitantes que verán restringido su dotación para el abastecimiento.

7.- Nunca ha hecho caso a las advertencias de Ahora Murcia sobre los incumplimientos legales en los que incurría al aprobar nuevo desarrollos urbanísticos.

En abril de 2016 Ahora Murcia presentó una solicitud al alcalde pidiendo una moratoria urbanística en el municipio de Murcia, y ello porque se elaboró un estudio donde conocíamos que lo planificado para ser desarrollado urbanísticamente había pasado, gracias a la aprobación de Modificaciones Puntuales del PGOU, de tener una capacidad residencial de 990.000 habitantes a tener un aumento de 394.877 alcanzando así la cifra de 1.384.877 habitantes previstos.

A lo largo de este mandato se le ha solicitado al alcalde Ballesta y a su concejal Navarro Corchón que se paralizasen el PGOU, así como que se revisasen de oficio diversos planes parciales y modificaciones puntuales, pero han hecho caso omiso a dichas solicitudes.

Ahora hemos llegado más lejos, trabajando para establecer cuanto de todo ese planeamiento previsto se ha materializado aprobándose su desarrollo, y generando con ello unos derechos urbanísticos casi imposibles ya de retirar a sus beneficiarios.

 

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