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Ordenanza de Tarifas del Agua: la llevamos al Defensor del Pueblo

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Llevamos al Defensor del Pueblo la Ordenanza de Tarifas del Agua y Saneamiento, así como su procedimiento de elaboración

 

AHORA MURCIA ha llevado al Defensor del Pueblo la Ordenanza de Tarifas del Agua y Saneamiento, así como su procedimiento de elaboración, ya que ambos han incurrido en graves irregularidades. Así lo ha manifestado hoy el concejal Miguel Ángel Alzamora, el día después de finalizar el plazo establecido por el Ayuntamiento para la presentación de alegaciones al borrador de la Ordenanza.

La formación municipal ha registrado varias alegaciones, que también ha transmitido al Defensor del Pueblo, al considerar que el Ayuntamiento ha incumplido con el proceso participativo que el Pleno –mediante moción de Ahora Murcia- aprobó que debía existir para la redacción de este borrador. Ahora Murcia también estima que el borrador incumple con aspectos básicos, como establecer expresamente que el agua es un derecho humano esencial, fijando, entre otras cosas, que no pueden producirse cortes de agua por impago a familias en situación de vulnerabilidad económica. Se pide, además, la creación de órganos de tarifas para fomentar la participación ciudadana, y se denuncia que con estas tarifas “Murcia seguirá teniendo el agua más cara de España, ya que se defiende por encima de todo el beneficio económico de la parte privada, Hidrogea/Agbar”.

Alzamora denuncia el “falso proceso participativo” que ha llevado a cabo el Ayuntamiento para este borrador de la Ordenanza de Tarifas del Agua. “Nuestra moción del pasado mes de junio, aprobada por unanimidad, establecía que se contara en su elaboración con diversos actores institucionales y organizaciones profesionales y ciudadanas que trabajan en torno a la gestión del agua’. Sin embargo, lejos de mantener reuniones con estos actores y de informar debidamente a todas las organizaciones y colectivos civiles del ámbito social y del agua,  lo que el Gobierno municipal del PP ha hecho es una consulta de 11 días a través de una web, sin apenas publicidad ni información, y sin debate previo sobre los informes que han llevado a su elaboración”.

El concejal señala que “la mayoría de organizaciones sociales y medioambientales que se relacionan con el Ayuntamiento y que hemos consultado estos días, no habían sido informadas del procedimiento abierto, lo que corrobora que el ‘proceso participativo’ ha sido más que insuficiente, y que no puede calificarse de participativo, democrático, ni transparente”.  Recuerda Alzamora que en la página de participación del ayuntamiento de Murcia, si bien se hace al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha omitido de este las referencias a que “podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados”, o que para emitir una opinión informada “deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios”, algo que no se ha hecho.

 

Derecho humano

Respecto a la calificación del agua como derecho humano esencial, Alzamora subraya que “a pesar de que es algo que recogen ampliamente los Tratados y Convenciones internacionales de los que el Reino de España forma parte, no está contemplado expresamente en el borrador de la Ordenanza, con lo que el derecho no queda garantizado”. Esto es algo que ya están haciendo muchas ciudades españolas como así señala el Defensor del Pueblo Andaluz: “En ejercicio de esta competencia (municipal) son muchas entidades las que se están haciendo eco del reconocimiento de un derecho humano al agua y hacen expresa mención a la garantía de un suministro mínimo para la atención de necesidades básicas en las correspondientes ordenanzas locales de reglamentación del servicio o de aprobación de tarifas”.

“La Ordenanza”, señala el edil de Ahora Murcia, “debería garantizar la regularidad en el suministro, con las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua por parte de los ciudadanos y, en especial, de los más desfavorecidos socialmente y económicamente”. Para Alzamora, “la Ordenanza propuesta y los reglamentos del servicios relacionados contravienen un derecho fundamental que está consagrado al más alto nivel jurídico en los pactos internaciones de los que España es parte. Privar a un hogar del servicio de agua vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual es inaceptable”.

El concejal afirma que “la imposibilidad de que se produzcan en el municipio cortes de agua debe quedar reflejada en la Ordenanza y en los reglamentos relacionados”. Así, “el cobro de la prestación patrimonial de carácter pública no tributaria y la recepción del servicio son independientes, tal y como ocurre con otros servicios municipales como la recogida de residuos sólidos urbanos. Las familias que dejan de abonar la tasa correspondiente a la recogida de residuos sólidos urbanos no carecen del servicio, ¿por qué se razona de forma diferente con el agua?”.

Alzamora recalca que “desde Ahora Murcia no venimos a instar que se preste el servicio de agua de forma gratuita, sino que proponemos que se eviten los impagos que han venido motivando los cortes del suministro, con las medidas y programas que se elijan, pero siempre quedando reflejado en la norma que nos tenemos que dar entre todos”.

Las alegaciones de Ahora Murcia proponen, además, “la creación de órganos (comisión, mesa) de tarifas, debidamente regulada en la ordenanza y/o reglamentos relacionados, que tendrán como misión fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y conocer el funcionamiento del servicio (por ejemplo, las cuentas de explotación del servicio)”.

Por último, se propone que se ejecute la moción aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Murcia y se elabore la ordenanza a partir de un proceso participativo amplio y democrático, que disponga de tiempo suficiente para el debate y la toma de decisiones informadas, y que incluya a organizaciones y asociaciones interesadas y/o afectadas de la sociedad civil.

 

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