Enrique Santiago exige a Grande-Marlaska una “investigación independiente” de la tragedia en la valla de Melilla y “medidas legales urgentes” para que nunca se repita

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El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha exigido hoy en el Pleno del Congreso que se apliquen “medidas legales urgentes” para evitar una nueva tragedia humanitaria en la valla de Melilla como la ocurrida el pasado junio y que costó entre 27 y más 40 vidas humanas, según la fuente que se consulte.



De la misma forma, reclamó tanto en su intervención inicial como en su turno de réplica una “investigación independiente” para “conocer qué ha ocurrido, establecer responsabilidades pero, sobre todo, garantizar que no vuelva a ocurrir”.



Santiago ha advertido a Fernando Grande-Marlaska durante la comparecencia del ministro del Interior en la Cámara Baja tres meses después de los hechos que “si nosotros mismos bloquemos la ley, el único mecanismo que queda es asaltar las verjas de la frontera para poder exigir que se cumpla, y eso no puede ser”.



De ahí que trasladara al ministro con meridiana claridad que las soluciones pasan por “acometer urgentemente medidas para prevenir que no vuelva a pasar esto nunca más y para garantizar el acceso a los puestos de solicitud de asilo en frontera, y que se establezca la reglamentación necesaria -que establece el artículo 38 de la Ley de Asilo-, para que las solicitudes de protección internacional puedan presentarse en los consulados y en la embajada de España en Marruecos”.



El portavoz de Unidas Podemos en este debate comenzó su intervención enviando “un sentido pésame y los más profundos sentimientos de solidaridad del grupo parlamentario a todas las víctimas provocadas por los sucesos del viernes 24 de junio en la frontera española de Melilla, a sus familiares y allegados, a todas las víctimas extranjeras y a todas las víctimas nacionales que se hayan producido”.



Proclamó que “estos hechos nunca deberían haber ocurrido” y que España “ha contraído una obligación ética, política y jurídica” para investigarlo todo y “en su caso, exigir responsabilidades”, además de adoptar las medidas señaladas y estudiar cómo “reparar a las víctimas y a sus familias”.



Enrique Santiago advirtió que “no podemos abordar las cuestiones relativas a los flujos migratorios como si de una guerra se tratara”, por “son tan antiguos como la humanidad, mucho más en un país como el nuestro en el que quien crea que tiene en su ADN pureza étnica que levante la mano”.



Fue especialmente contundente para “desenmascarar el discurso de la derecha y de la ultraderecha”, por lo que pidió que ninguna administración pública de este país “suscriba ese discurso a la hora de abordar estas realidades. No hay invasión ni ningún problema de soberanía en la gestión de los flujos migratorios”.



Enfrentó los datos a la demagogia: “en 2012 España tenía, según los censos del Instituto Nacional de Estadística, 46,8 millones de habitantes, 5,2 millones de ellos extranjeros, un 11,18%. En 2022, 10 años después, España tiene 47,4 millones de habitantes, 5,4 millones de ellos extranjeros, un 11,42%. Es decir, un crecimiento de población muy pequeño y prácticamente el mismo porcentaje de población extranjera. No existe ninguna invasión, ni ningún problema de gestión de flujos migratorios”.



Como buen conocedor de la legislación nacional e internacional en materia de migraciones, Enrique Santiago señaló que las normas de asilo españolas establecen “clarísimamente que en los puestos fronterizos tiene que haber un puesto de atención a las personas solicitantes. En realidad, se han establecido, pero no hay un protocolo con Marruecos en la frontera sur para que personas que son solicitantes de asilo y quieren solicitar protección internacional puedan acceder a esos puestos”.



De ahí que enumerara que “lo primero que es urgentísimo corregir es establecer un protocolo que permita que esas personas puedan acceder en la frontera a esos puestos que estable la legislación española”. En segundo lugar, recordó que la Ley de Asilo dice desde hace 13 años “que en los consulados y en las embajadas españolas deben atenderse esas solicitudes de asilo”, aunque “llevamos 13 años sin desarrollo reglamentario y ya son demasiados años”.



“Si en la frontera sur -remachó- existiera un protocolo para que las personas que entienden que están en una situación de persecución puedan acceder a solicitar asilo a esas oficinas que ya existen y a las que nadie llega pues se había evitado parte de este problema. Y si, además, los consulados y la embajada española atendieran la obligación de atender estas solicitudes, pues también se evitarían estos casos”.



Además, no ocultó datos que son positivos y esperanzadores para enfrentar este grave problema. Explicó que las cifras de protección internacional que da la Oficina de Asilo española “son altísimas en lo que tiene que ver con los nacionales extranjeros que se vieron envueltos en este incidente en la frontera”. Así, “el año pasado el 91,75% de las solicitudes de asilo y protección internacional presentadas en España por ciudadanos de Sudán fueron atendidas”, lo que se repitió con “el 82% de las solicitudes de protección internacional presentadas por ciudadanos del Chad. Nuestro país entiende que los ciudadanos del Chad y de Sudán tienen fundados temores de ser perseguidos y requieren una protección internacional”.



En relación con su exigencia de una investigación independiente, recordó que “son muchas ya las instancias de la comunidad internacional que han pedido que se realice también una investigación imparcial. El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes dijo el pasado 28 de junio que hay que aclarar de qué forma murieron las víctimas ‘si al caer de la valla, en las estampidas o como resultado de alguna acción de agentes de fronteras’”.



Lo reclamó también la Comisión Europea el 5 de julio y “la propia comisaria europea de Interior, la señora Johansson, afirma que la persecución a las mafias, y esto es muy importante, no puede hacer que las personas que están en los flujos migratorios sean privadas de sus derechos”. 50 cortes de pelo y peinados con estilo para hombres calvos



“También en esta casa, distintos grupos parlamentarios hemos pedido la creación de una comisión de investigación”, recordó, aunque “lo malo no es eso, sino que también Marruecos ha presentado una investigación y, encima, se permite el lujo de responsabilizar a España y a los funcionarios españoles de lo ocurrido”.



Santiago valoró que “se están provocando situaciones absolutamente inmanejables para los funcionarios y no podemos hacer distinciones en función de la nacionalidad o el color de la piel de las personas que buscan protección en nuestro país”.



“Igual que atendemos debidamente a las personas refugiadas que proceden de Ucrania en centros como el de Pozuelo (en Madrid), pues igual tenemos que atender a las personas solicitantes de protección internacional que proceden de Sudán o del Chad, que en vez de llegar a Pozuelo llegan a las fronteras de Ceuta y Melilla”, dijo tajante y no sin cierta ironía en relación a la distinta vara de medir que en estos casos le gusta aplicar a la derecha y a la ultraderecha.



El portavoz parlamentario de Izquierda Unida no olvidó denunciar “el trato criminal que se está dando a estas personas”, especialmente por las autoridades de Marruecos. “A fecha de 10 de septiembre son ya 75 personas emigrantes, la mayoría sudanesas, las que han sido procesadas o condenadas por la justicia marroquí por estos sucesos. Sobre 60 de esas personas ya recaen sentencias de entre 4 meses y 2,5 años de prisión y multas”.



Explicó que “esto está prohibido por la Convención de Ginebra. Nadie puede ser sancionado penalmente por buscar protección internacional y esto lo sabe cualquier jurista” y añadió que “hoy mismo se están reiniciando juicios en Nador sobre 15 personas más víctimas de esta llegada a frontera”.



En su turno de réplica, Enrique Santiago denunció la “escasa calidad democrática” de las autoridades marroquíes, cuya actuación defendió Grande-Marlaska, y cómo utilizan “la política migratoria para apartar a España de su responsabilidad histórica con el pueblo saharaui”.



“No se puede justificar lo ocurrido”, dijo, ni “justificar nunca razones para la vulneración de los derechos humanos que ponen en grave riesgo la vida de las personas, y mucho más para llegar a situaciones extremas. Un medio es proporcional cuando preserva una vida humana antes que una valla”.



Rechazó tajante las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ de personas migrantes en la frontera española, que sí se produjeron por decenas durante los hechos analizados, y recordó al ministro del Interior que “no se combaten las mafias que trafican con personas maltratando, agrediendo o causando victimización con esas personas que son precisamente las víctimas de esas organizaciones criminales, sino desmantelando y castigando a sus integrantes”.











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